Para el abogado constitucionalista Vicente René Casas, el proyecto de «ley ómnibus» elaborado por el presidente Javier Milei presenta varios puntos «preocupantes». En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), dijo que en particular «hay un ataque directo al derecho de propiedad» en los temas referidos a las jubilaciones.

Tras aclarar que solo tuvo oportunidad de leer con detenimiento algunos aspectos del proyecto, Casas mencionó en particular uno de los puntos «preocupantes», que es el referido a los fondos de la Anses. Por un lado, aseguró, «hay un ataque directo al derecho de propiedad, porque el poder del Estado puede avanzar sobre la vida de los particulares, pero tiene un límite en el derecho de propiedad».

 

Para explicarse, dio un ejemplo: «Supongamos que el Estado contrata la construcción de un puente y en el pliego de condiciones dice que van a ser dos carriles vehiculares de cada mano. Y a la mitad de la obra el Estado llama a la empresa constructora y le dice que cambie, que haga tres carriles por mano. Puede hacerlo, pero el Estado tiene que pagárselo, porque si no, se estaría enriqueciendo indebidamente».

Del mismo modo, continuó, los jubilados tienen «un derecho de propiedad sobre sus haberes».

El excamarista federal recordó que el presidente Milei dijo en campaña que los derechos adquiridos no se tocan. Por lo tanto, a su entender, el proyecto del Ejecutivo avanza sobre esos derechos porque «los fondos de la Anses no son de la Anses ni de los jubilados, sino que pasan al Estado».

«Es decir, se apropia. Hace una expropiación directamente lisa y llana», agregó.

Por otro lado, Casas repasó lo ocurrido en 2008 cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de jubilación privada. En ese momento, recordó el abogado, «el Estado se apropió de los títulos, de todas las acciones que tenía, que eran las inversiones que hacían l as AFJP con el dinero de los jubilados, y eso ha ido a parar al fondo de sustentabilidad, que está vigente».

«En este proyecto del presidente Milei, eso también se lo quita. Y me parece que no es lo que decía en la campaña electoral, que se respetaba el derecho de propiedad», concluyó.

Casas se refirió a otra cuestión vinculada con las jubilaciones, la de la fórmula de actualización de los haberes. «Esto me parece un atropello también, porque sacan la fórmula de ajuste vigente, que era trimestral, de acuerdo a la inflación, y dice que los jubilados van a tener los aumentos que disponga el Poder Ejecutivo. Ah, qué lindo, van a aumentar cuando le dé la gana».

El especialista llamó la atención sobre otros temas que plantea el proyecto de ley, como por ejemplo la modificación del Código Civil. «Dice que los divorcios ya no necesitan pronunciamientos judiciales sino que se hacen con un simple trámite administrativo -explicó-. Yo no estoy en contra de eso, pero ¿cómo soluciona esto la falta de trabajo, la falta de dinero, de inversiones públicas? Dejemos como está y que los cónyuges hagan en su vida como ellos quieran».

«En todo caso -continuó-, lo hagamos de aquí a dos años y lo hacemos mejor».

Las formas de contratación es otro de los aspectos del proyecto de ley que llamó la atención de Casas: «Me preocupa mucho que dice que se puede contratar todo lo que puede ser susceptible de contratar. Hay que tener cuidado con esto, porque se puede interpretar que cosas que hoy no están en el comercio, puedan ser comercializables».

«Yo no quiero pensar más allá, como por ejemplo lo referido a los órganos. Más bien me parece lógico dejarlo como estaba», agregó.

-¿Qué relación encuentra entre este proyecto de ley y el DNU?

-Son dos cosas distintas. El DNU es un decreto que declara la emergencia administrativa, financiera, previsional y otros rubros de la actividad del Estado con respecto a su relación con la sociedad. Eso tiene un error, una falencia, porque debería decir por cuánto tiempo se declara la emergencia.

-Dijeron que era hasta el 31 de diciembre de 2025.

-Claro, pero ¿cómo va a ser la transformación en esos dos años para que desaparezca la emergencia? Dice «declárase la emergencia». Bueno, declaréla por un año, y si al cabo de un año no ha logrado hacer las reformas que mejoran la vida de la sociedad, hágalo por otro año. Pero así se está comiendo medio mandato de presidente de la nación para hacer lo que quiera.

-En realidad, dijo que era hasta el 31 de diciembre de 2025 y prorrogable dos años más. Es decir, todo su mandato.

-Claro. O sea que con esto tendría facultades extraordinarias para hacer lo que quiera durante toda la presidencia de la nación. El presidente Milei está haciendo un dogma de lo que él llama un plan económico. Y cuando los planes económicos o políticos se convierten en dogmas, no funcionan. Entonces yo creo que tendría que ser más realista.

-¿Qué papel cree que deben jugar el Congreso y el Poder Judicial en toda esta discusión?

-El Congreso tiene que decir algo. Y debe haber pronunciamientos judiciales que también tienen que decir algo. No me refiero a la acción de amparo que presentó la oposición con sectores sindicales. Eso está bien, están en su derecho. Pero he visto a senadores nacionales de la oposición actual en conferencia de prensa diciendo que están en contra de esto. Pero tienen que decir cuál es su propuesta, porque no se trata de estar en contra, eso no hace a la relación de convivencia política.

-El DNU que se difundió la semana pasada es muy cuestionado en su legitimidad. ¿Usted qué piensa?

-Él puede sacar esta reforma por DNU, pero tiene límites. Por ejemplo, no puede dictarse un decreto de necesidad y urgencia sobre el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, la creación de impuestos y la creación de delitos. Por ejemplo, la eliminación de las PASO o la boleta única no pueden ir en un DNU, pero sí en el proyecto de ley.

-Sobre el sistema electoral, en la ley ómnibus se pide eliminar las PASO y además en la mayoría de las provincias baja la cantidad de diputados nacionales y aumenta en la provincia de Buenos Aires, según el censo. ¿Qué opina?

-El tema del número de diputados que cada provincia envía al Congreso, es un tema del Poder Legislativo. Entonces, para aumentar o disminuir elnúmero de diputados basta con modificar la ley. Pero la cantidad de senadores es un tema de la Constitución Nacional. Para cambiar el número de senadores, hay que reformar la Constitución. Sobre los cambios que propone, él quiere aumentar la base electoral, con lo cual bajaría la cantidad de diputados. Vamos a ver si se lo aprueban. Yo quisiera escuchar la opinión de los legisladores.

-Hay quienes dicen que este proyecto de ley es una reforma constitucional encubierta, de facto. ¿Usted coincide con esa lectura?

-No me animaría a decir si es así o no. Pero lo que sí veo es un ataque a derechos constitucionales, como en el caso de los jubilados que mencioné. Y la ausencia del Estado en temas que pueden ser importantes. Porque ¿para qué está el Estado, en definitiva? Para mantener la igualdad de las partes, para restablecer derechos. En las leyes, se tiende a proteger el derecho del más débil, el más vulnerable.

-Esa cuestión aparece con claridad en lo referido a la reforma laboral.

-Es cierto que la reforma laboral a lo mejor necesita llevarse adelante. Pero no nos olvidemos de estos principios. En el DNU ha dicho que ya no hay obligación de declarar a los empleados porque eso se hizo en el año 2011 y de ahí en adelante hay más trabajo en negro. Bueno, pero esto tiene que ser acompañado de otras cosas, incentivar de alguna forma a que el empleador declare, porque al hacerlo está obligado a hacer todos los aportes que por ley le corresponden al trabajador, como el jubilatorio.

 

Información sustraida de: https://elsubmarinojujuy.com.ar/casas-opino-sobre-la-ley-omnibus-de-milei-hay-un-ataque-directo-al-derecho-de-propiedad/

Realizada por Jose Luis Polino – Radio Conectar 95.1

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