El proyecto SEPROSA ha generado fuertes críticas desde diversos sectores por la falta de debido tratamiento en la Comisión de Salud e incompleta explicación sobre su alcance. Implicaría el cobro de entre $30.000 a $50.000 para que las personas sin cobertura médica se atiendan en el sub sistema público, al tiempo que financian el servicio de los ciudadanos económicamente vulnerables.
Los legisladores provinciales aprobaron el Seguro Provincial de Salud; la oposición reclamó ante la falta de información y tratamiento.
Propone «un arancel solidario» a las personas sin cobertura médica a modo de financiar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.
Nuevamente sobrevuela en la Legislatura y alrededores la idea de una estrategia oficial para privatizar la salud, sucesora del Plan Estratégico tan mentado durante la gestión de Gerardo Morales. Algunos actores de la oposición relacionan la reciente cesión de terrenos fiscales a un ignoto agente privado que construiría una clínica en Alto Comedero con el nuevo Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). Este nuevo servicio arancelado también tratado de manera exprés en la Comisión de Salud, genera controversia ante cuestionamientos de inconstitucionalidad, toda vez que en su articulado menciona el cobro de un arancel mensual a personas sin cobertura médica lo que ha sido calificado como un ataque al derecho a la salud pública gratuita.
El proyecto y sus implicancias
Aún con muchas dudas, probablemente a esclarecer durante su reglamentación, el SEPROSA requeriría de manera aparentemente obligatoria, el pago de un monto equivalente a cinco consultas médicas, según los valores del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) cuya población objetivo resultan personas sin cobertura médica, sea en forma prepaga u obra social, exceptuando residentes que no cubran el valor de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($543.142).
Dentro de ese universo aparecen trabajadores informales, cuentapropistas y taxistas por ejemplo, que aún teniendo ingresos por encima del límite establecido, no necesariamente tienen las cuentas holgadas o margen suficiente para hacer el supuesto aporte solidario. Los fundamentos del proyecto se sostienen en que “por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, dejando en claro que hay una necesidad de autofinanciación. Luego agrega que el fin último es garantizar una cobertura sanitaria a las personas más necesitadas.
El ex juez federal Vicente Casas coincidió en señalar que el proyecto es inconstitucional y refleja una “situación de ahogo fiscal” de la provincia. “Es un intento de tapar baches financieros con el bolsillo de quienes menos tienen. La salud, la educación y la seguridad deberían ser prioridades, pero aquí se opta por cargar a la población más vulnerable con un nuevo impuesto encubierto”, afirmó.
En nueve años de gestión, no han mejorado ni la salud ni la educación. Ahora pretenden cargar este costo sobre quienes no tienen cobertura, sin garantizar un servicio adecuado
Casas señaló que los recursos públicos se han gestionado de manera ineficiente.
Fuente: Pepe Luis Ramos
