PLENARIO DE COMISIONES H S N : 11-05-2022
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar en este lugar, y daremos nuestro aporte.
Cuando Aristóteles estudió las constituciones políticas de su época, las clasificó en 3 grupos: las aristocráticas, las monárquicas y las políticas. Cuando sus alumnos le preguntaban qué cuál era la mejor, respondía que cualquiera podía ser la mejor. Para ser la mejor, debía tener en cuenta el bien común.
Si Aristóteles volviera a la vida y pudiéramos preguntarle de nuevo, seguramente respondería lo mismo: “cualquiera es la mejor”. De modo que eso nos da el pensamiento hoy, para decir que la también la ley también puede ser cualquier la mejor, siempre que tenga en cuenta el bien común. Así lo apuntaba el mismo Aristóteles: “Una comunidad, no es solamente para la convivencia, sino también lo es para el bien común.”. Pensamos que esa idea la trae de Platón, que hablaba tanto del bien común y justificaba la existencia de algunos estamentos estatales cuando el hombre se desviaba del cumplimiento de la ley. Entonces es necesario que se lo corrija. Ese es el fundamento de la necesidad de la existencia de los estamentos estatales.
Esto se relaciona con el ejercicio del poder. Y algún autor alemán que leí hace un tiempo y lo cita Cueto Rúa en una de sus obras, decía que el poder es misterioso, como se lo conquista, como se lo ejerce, como se lo renueva. Siempre tiene un halo de misterio. Y eso es importante y nosotros como ciudadanos lo vemos, lo palpamos. Nosotros como ciudadanos comunes digo, yo ya no estoy en la función pública, hace unos años, he vuelto al ejercicio profesional.
Y ese ejercicio de poder es lo que determina, la conexión que debemos tener respecto de las leyes que la sociedad le pide al Estado en su manifestación de gobierno que lo haga. Ampliando un poquito más lo de algún autor alemán, nos plantea claramente la existencia del ejercicio del poder formal con el ejercicio del poder real. Alguna vez, podemos escuchar, o entender, o creernos que estamos en condiciones de dictar un decreto del Poder Ejecutivo, porque el Pueblo nos ha elegido para ello. Y tiene mucho fundamento, es cierto, el Pueblo elije a los gobernantes para que gobiernen, y dentro de esa elección que hace el Pueblo está la facultad de dictar el decreto o sancionar la ley. Pero volvamos un poquito, cuando además de ejercer el poder formal, ejercemos el poder real en beneficio del bien común, ahí estamos en presencia plena del ejercicio del poder. Ahí sí podemos entender que hemos alcanzado la felicidad como sociedad, porque los poderes del Estado están a la altura de las circunstancias en cuanto al dictar la ley se refiera.
He tenido la oportunidad de leer los cuatro proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, y que se están tratando en estas audiencias en este Honorable Senado. Difieren en el número, lo sabemos, pero hay uno que me ha llamado la atención, y es el que presenta la Senadora Sapag, porque avanza en una cuestión de sensibilidad social, ya que además de proponer un número determinado de Ministros de la Corte – sobre lo que no voy a efectuar juicios de valor – habla de los requisitos que deben contemplarse al momento de prestar el Acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación. En concreto, ese proyecto, exige la declaración jurada del candidato propuesto y de su cónyuge, exige el pasado reciente en la función laboral, también le pide que presente cuáles han sido sus clientes en los últimos 8 años, y una cuestión importante es que pide un informe impositivo, avanza bien.
Creo recordar que fue el Presidente Clinton, en su primer mandato, que remitió al Senado de los Estados Unidos el nombre de una mujer para ocupar el cargo de Secretaria de Justicia. El Secretario de Justicia en los Estados Unidos de América, tiene entre una de sus funciones, la función operativa del FBI. El Senado, hace un examen completo sobre el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. Y llegó a la conclusión que se trataba de una persona impecable, en su vida pública y privada, pero había cometido un error, en su familia habían dado lugar como trabajadora en su casa, a una migrante ilegal, y eso no le permitió seguir la postulación. La llamaron, le preguntaron si era cierto y ella reconoció que sí. Entonces le dijeron que no le iban a prestar el acuerdo, y que le iban a pedir al Presidente Clinton que enviara a otra persona para ese cargo. Nosotros deberíamos tener en cuenta estas cosas, y por eso cito el proyecto de ley que he mencionado, porque avanza por ejemplo con las declaraciones juradas a las que tiene que darle el carácter de público.
Designación de jueces.
No es tarea fácil la designación de los jueces. Para ninguna sociedad. Un juez en definitiva es un funcionario público al cual la organización jurídica le otorga mucho poder. El juez es el que decide nuestra libertad. El juez es el que decide la continuación o el distracto de un contrato. El juez es el que debe decir, con fundamentos siempre, cuando se ha roto una relación laboral. El juez es el que debe decidir sobre el más sensible de los fueros, que es el fuero de familia: con quien van los hijos. Es decir, siempre ha sido una tarea difícil en toda sociedad y en todos los tiempos, seleccionar a sus jueces. Bueno, las naciones van haciéndolo, de una forma u otra, los gobiernos se van preparando y avanzando, y lo hacen.
Por ejemplo también recuerdo, y lo digo esto porque nuestra Corte Suprema de Justicia cita el caso de juristas norteamericanos, entonces me siento habilitado para decir estas cosas. El Presidente Bush hijo, que también estuvo 8 años en el ejercicio de la función, en dos períodos de 4 se entiende. En la primera oportunidad, el Secretario de Justicia le preguntó al Presidente (ellos tienen un sistema de selección de jueces como hemos tenido aquí nosotros hasta el año 1994) y el Presidente Bush le fijó la política en muy pocas palabras:
“Elijamos jueces que defiendan la vida y la libertad, a los que trabajen por la paz, y a los que luchen en contra del delito. El resto, se encargará el mismo Poder Judicial”.
Entonces el Secretario de Justicia le preguntó: “Señor Presidente, que vamos a hacer con el patrimonio de los jueces”, y el Presidente le respondió: “Eso será cuestión de ellos, y de los jueces que los tengan que investigar, no es un problema que nos atañe a nosotros”. El Presidente Bush nombró en sus dos presidencias, aproximadamente 200 jueces federales de la Nación. Yo no he tenido conocimiento que alguno haya dado algún problema.
Aquí se habló también del Recurso Extraordinario. Y se dijo con acierto que no es mucha la diferencia que tenemos nosotros con los Estados Unidos de América en cantidad. Si puede ser cierto. A lo que yo agregaría que los Estados Unidos de América está compuesto por 50 estados, y es una nación que está limitada geográficamente por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Tiene casi 250 millones de habitantes. Y su Corte Suprema resuelve por año 100 Recursos Extraordinarios, pero porque su Corte Suprema ha fijado muchos años la tarea y la conducta que debe seguir ella misma, cuando dice: “Vamos a intervenir en aquellos asuntos en que la Nación tenga interés directo en intervenir”. Es decir que excede el mero interés de las partes, no llegan los litigios de las partes. Para eso ya tuvo su tribunal de mérito, y es suficiente con eso.
Me gustaría recordar también que un Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue un jujeño, el Dr. Guillermo Snopek, abuelo de nuestro Senador Nacional, que fue Conjuez cuando vino el Presidente Campora, y después siguió como conjuez de la Corte durante el gobierno del General Perón. Creo recordar que en esa oportunidad la Corte era presidida por el Dr. Miguel Angel Bercaitz, un gran administrativista argentino, y que tenía el criterio que cuando la Corte era recusada en uno de sus miembros, la Corte se apartaba en pleno. Duró en su cargo hasta el 24 de Marzo de 1976.
De modo que ahora el Senado de la Nación se apresta a tratar, luego de estas audiencias, los proyectos de ley presentados. Por lo que he comentado, a este Senado le asiste una tarea histórica. Quizás, el momento político que se vive, pueda malograr el espíritu de la ley, y quizás por ello mismo, pueda complicar su capacidad normativa. Esa es mi idea Señores Senadores, y estoy a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Muchas gracias.-
Dr. René Vicente Casas